Y que se metió… ¡hasta la cocina!

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Por Darío Ángeles

No soy un iluso. Sé que hablar de privacidad en el mundo de las redes sociales es casi imposible. Y si bien entre particulares (Facebook, twitter, Instagram, snapchat, etc.), los efectos de la invasión a la privacidad pueden ser desastrosos (¿hace cuánto tiempo que les llegó por última vez la foto de alguna mujer desnuda que no consintió en hacer públicas sus fotos?), no perdamos de vista lo grave que puede ser una violación a la vida privada por parte de las autoridades públicas (imponer multas, sanciones, determina contribuciones, etc.)

Viene a mi mente este tema porque la Primera Sala de la Corte mexicana, resolverá el Amparo Directo en Revisión 4796/2014,[1] y el proyecto de sentencia[2] plantea que las autoridades administrativas pueden irrumpir en el domicilio de un particular (cumplidas las formalidades legales), y no sólo verificar sino, inclusive, retirar objetos del mismo.

Ahora si que con este fallo, la Corte podría permitir que las autoridades administrativas se metan “¡hasta la cocina!”, como dice la sabiduría popular.

Me parece que esta postura del fallo es incorrecta, puesto que, en mi opinión, las autoridades administrativas solamente pueden irrumpir en el domicilio de un particular, a través de una orden judicial. Pero esto, en México, obviamente no es así…

La realidad es que en México nunca se ha cuestionado Continue reading

Libertad y trabajo sexual

Nora E. Picasso Uvalle

@norapicasso

¿Es la prostitución necesariamente coercitiva? ¿Es posible que una mujer decida libremente ejercer el trabajo sexual[1]?

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Hace algunos meses, algunas organizaciones de derechos humanos, académicas, políticas, e incluso actrices de Hollywood, emitieron un comunicado[1] pronunciándose en contra de una campaña[2] de Amnistía Internacional que propone despenalizar esta actividad. En su concepto, la descriminalización total del trabajo sexual otorga plena libertad a los proxenetas para continuar con el negocio de la explotación sexual. Así, sugieren que debe sancionarse no a quienes ejercen la prostitución, pero sí a quienes la contratan y la “promueven”.

Esta discusión no es para nada nueva. El debate al interior de las distintas corrientes feministas ha encontrado en este asunto una gran tensión. Por un parte, hay quienes argumentan que, en todos los casos, la prostitución constituye una forma de explotación sexual pues necesariamente reproduce la subordinación de las mujeres[3]. En su concepto, ninguna mujer puede “elegir” prostituirse, siempre existe coerción, engaño o necesidades económicas que orillan a la persona a establecerse en esta “situación”. Para ellos/as, no es posible concebir la libertad si la sexualidad sigue siendo la misma que convierte a las mujeres en objeto[4].

Por otro lado, hay quienes consideramos que la contratación y prestación de servicios sexuales es una forma de trabajo. Una visión que considera (y valora) la agencia de la persona, alguien que puede escoger el ejercicio del trabajo sexual y que de ninguna forma encuentra en esta actividad una “degradación” del ser humano. Esta postura, claro está, no niega ni ignora que existen situaciones en las que mujeres y hombres, a través de diferentes formas de coerción, se encuentran inmersos en círculos de explotación sexual. Sobra decirlo: estar a favor de la despenalización del trabajo sexual y su libre ejercicio, no implica estar en contra del tráfico o trata de personas.

Y es que el argumento anti-prostitución o abolicionista resulta problemático, por lo menos, en tres sentidos. Primero, que reduce a las mujeres (y en general a cualquier persona que se dedique al trabajo sexual) a sujetos sin agencia, simples receptores pasivos de lo que pasa en el mundo. Pensar que ninguna mujer es capaz de decidir lo que puede hacer o no con su cuerpo (así no estemos de acuerdo con ello), es una generalización que ignora el potencial de cambio individual. Victimizarnos en todos los casos, sólo nos empobrece como seres humanos con capacidad de actuar.

Leer completo en Las2Orillas: http://www.las2orillas.co/es-la-prostitucion-necesariamente-coercitiva/ 


[1] Disponible en línea: http://catwinternational.org/Content/Images/Article/617/attachment.pdf

[2] “Amnistía Internacional propone despenalizar el trabajo sexual realizado sin coerción, abuso, ni explotación”, 21 de agosto de 2015. Disponible en línea: http://www.publico.es/opinion/amnistia-internacional-propone-despenalizar-sexual.html; Amnistía Internacional: Trabajo sexual. Disponible en línea: https://www.es.amnesty.org/temas/trabajo-sexual/

[3] Vale la pena aclarar que esto no excluye que los hombres también sean víctimas de explotación, simplemente que en términos numéricos las mujeres siguen siendo mayoría cuando hablamos de víctimas de trata con fines de explotación sexual.

[4] MacKinnon, Catharine. Feminismo, Marxismo, Método y Estado: Un agenda para la teoría. En: García Villegas, Mauricio; Jaramillo, Isabel Cristina y Restrepo, Esteban (compiladores). Crítica Jurídica. Colombia, Ediciones Uniandes/Universidad Nacional de Colombia. Traducción: Holguín, Magdalena. 2006, pp.180-181.

Réquiem por la democracia venezolana

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“Si la sentencia es condenatoria, usted, jueza, tendrá más miedo a leerla que yo a escucharla, porque usted sabe que soy inocente”

Leopoldo López

Por Darío Ángeles

El día de ayer, 10 de septiembre de 2015, fue condenado en Venezuela el opositor del gobierno oficial, Leopoldo López, por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños en propiedad e incendio, por la Jueza Susana Barreiros.

Aunque carezco de la información de las pruebas allegadas a juicio, al leer la nota no pude evitar pensar en represión política y gobiernos despóticos. Cuando un sistema judicial legitima las acciones represoras del Gobierno en turno, se ha perdido en definitiva el gobierno democrático.

Y no se trata de pensar que el Gobierno Venezolano es, hoy por hoy, un gobierno democrático. Pero cualquier forma de gobierno que tenga tintes de autoritarismo, puede mantener ciertos tintes democráticos cuando se salvaguarda la independencia de los jueces para decidir Continue reading

Mariguana medicinal

Derecho y mariguana medicinal.

Por Aarón Segura (@AaSegura)

Desde un punto de vista instrumental, el Derecho es un sistema encargado de normar las relaciones entre los seres humanos y el entorno en el cual se encuentran insertos, con la finalidad de garantizar, entre otras tantas cosas, los derechos fundamentales de los individuos y la paz social. Como es evidente, estas relaciones son esencialmente dinámicas, en el sentido de que el ingenio y la invención presentan cada día nuevas formas de acción que requieren de pronunciamientos específicos desde lo jurídico. Clasificar todas las formas de conducta ya sea en permitidas o prohibidas es el fetiche legislativo por antonomasia, y las novedades del mundo son campo fértil para su despliegue.

En estos últimos días ha cobrado relevancia pública nuevamente la discusión acerca de la prohibición del uso de la mariguana a raíz del caso de Grace, una niña regiomontana de 8 años quien padece el síndrome Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia que le ocasiona alrededor de 400 episodios diarios de convulsiones, y para la cual ha agotado –sin éxito– prácticamente todos los tratamientos recomendados por la ciencia médica de nuestro país.

La noticia se ha generado a partir de la demanda de amparo que promovió, en la que básicamente reclama la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben el uso del CBD (cannabidiol), un compuesto derivado de la mariguana que en otras latitudes se ha utilizado con éxito de hasta el 99% para combatir esos terribles episodios epilépticos. A su parecer, la prohibición en su caso se traduce, entre otras cosas, en una franca violación a su derecho fundamental a la salud, garantizado por el artículo 4 de la Constitución.

En una decisión que los medios han calificado de “valiente”, el Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa con residencia en el Distrito Federal concedió la suspensión definitiva para que la niña pudiese llevar a cabo los trámites necesarios para importar la medicina que contiene el CBD. En términos llanos, esto representa un adelanto de la decisión de fondo del juicio de amparo: una medida de cautela que permite garantizar de forma expedita que se lleven a cabo las acciones necesarias para la protección del derecho fundamental en comento. Por supuesto, la suspensión definitiva no es un pronunciamiento final, pero prácticamente tiene los mismos efectos. Al respecto, el Ministerio Público, en su carácter de representante del Estado, impugnó la concesión de dicha medida bajo el argumento de que la decisión va en contra del interés público al tratarse de una sustancia prohibida, por lo que será un Tribunal Colegiado de Circuito el que tenga la última palabra sobre el tema, resolución que tardará alrededor de 2 o 3 meses en dictarse. Pero por lo pronto, la suspensión surte sus efectos: mientras el Colegiado no disponga otra cosa, la niña tiene permitido importar la medicina, dada su indisponibilidad en territorio nacional.

Me parece que es importantísimo para el debate deshacer la falacia de la división que se genera al confundir al CBD con la mariguana, puesto que los 3 argumentos que generalmente se esbozan para justificar la prohibición de los narcóticos en general no parecen estar presentes en el caso de la sustancia en comento, por lo que no habría un sustento funcional para apoyar la medida legislativa. Veámoslos rápidamente:

  1. El argumento de la seguridad colectiva. Se parte de la base de que los estupefacientes son sustancias con la capacidad de alterar el comportamiento humano de forma peligrosa en relación con su entorno: las drogas representan un riesgo para los demás, ante la disminución de la capacidad de autogobierno del consumidor y las posibles acciones que bajo su influjo realice. Aquí son típicas las imágenes de personas violentas y conflictivas. En esta medida, prohibir las drogas es contribuir a la seguridad de todos.
  2. El argumento de la salud individual. La premisa que sustenta a este razonamiento es que el consumo de estupefacientes genera menoscabos en la salud del consumidor: las drogas son perjudiciales para el cuerpo, la mente e incluso el espíritu, por lo que es la misión del Estado (más bien paternalista) el evitar a toda costa tan penosa situación de daño. Aquí se presentan las típicas imágenes de gente enferma y reducida en cuanto a sus capacidades. En esta medida, prohibir las drogas es cuidar a los individuos.
  3. El argumento de la salud pública. Como consecuencia del argumento anterior, se razona que la permisión del consumo de estupefacientes generaría, desde la óptica macro, una epidemia, imponiendo al sistema de salud pública una carga inusitada e insoportable que se traduciría en el menoscabo de la atención de otro tipo de padecimientos generados por factores externos a la sola voluntad del individuo de alterar su psique. Aquí las imágenes que imperan son las de pandemia y todos sus efectos en el sistema social: desabastos, pobreza, malestar generalizado. En esta medida, prohibir las drogas es cuidar el entramado institucional y social.

Con independencia del debate específico acerca de los efectos de la mariguana como un todo (y por lo tanto, de la pertinencia de su prohibición), insisto, este caso en particular debe centrarse en los efectos del CBD, uno de sus tantos componentes. Por ello, se torna necesario distinguir –aunque fuere por demás simplonamente– entre esta sustancia y el principal componente psicoactivo de la cannabis.

Cuando la gente afirma que una persona anda pacheca, usualmente se refiere a los efectos del consumo del tetrahidrocannabinol –THC–, uno de los cannabinoides presentes en la mariguana que es responsable prácticamente de todos los cambios a nivel psíquico. Es la sustancia que pinta esa sonrisa juguetona, que modifica la percepción hacia un estado de empatía generalizada hacia los demás y que produce la sensación a nivel conciencia de placentero bienestar y creatividad espontánea. También es responsable de la insufrible ansiedad o paranoia que el consumo de la mariguana puede causar, así como del estado de somnolencia posterior. En suma, es el epítome del ánimo hippie de amor y paz. Como era de esperarse, el fin lúdico de la mariguana reside en la abundancia de esta sustancia, por lo que los esfuerzos de los cultivadores de la planta con estos fines se encaminaron a su incremento. Mientras más THC, la variedad de la planta es más poderosa para entretener.

Por su parte, el cannabidiol –CBD– puede ser caracterizado como la contraparte aburrida del THC. A diferencia de sus efectos eufóricos a nivel psíquico, el CBD es más bien psicopasivo: no conlleva modificaciones en el estado de ánimo, e incluso puede considerarse como antipsicoactivo, pues permite contrarrestar los efectos paranoicos del THC, e incluso de la paranoia en general (lo que lo evidencia como buen tratamiento para condiciones de esquizofrenia). Tampoco causa somnolencia: al contrario, promueve la energía y un estado de euforia controlada. Precisamente por su ausencia de efectos sobre la percepción y el comportamiento es que se ha vuelto atractivo su uso con fines medicinales: el CBD no te pone pacheco, lo que permite explorar con mayor libertad su eficacia en el tratamiento de diversos malestares, pues se minimiza el factor de efectos secundarios indeseados. Mientras más CBD, la variedad de la planta es más poderosa para tratar los malestares.

Un dato importante a resaltar es que el consumo de ambas sustancias no se encuentra asociado fisiológicamente a ninguna clase de dependencia. Por supuesto, el riesgo de dependencia psicológica siempre está presente, como con cualquier otro producto de consumo: he conocido a un montón de gente completamente adictos a las noches de Netflix, al porno y/o a la fiesta que así lo respaldan.

La tecnología ha permitido extraer completamente al CBD de la mariguana y presentarlo en forma de aceite para el consumo, con lo que se rompe cualquier asociación con las demás sustancias que componen a la planta, entre las que se encuentra el THC. Así, del análisis de sus efectos específicos, me parece que el argumento de la seguridad colectiva no puede considerarse como razón para su prohibición, dada la ausencia de trastornos en la psique; en cuanto hace a las cuestiones de la salud (tanto individual como pública), más bien parece que representa un avance en la materia, puesto que sus aplicaciones para tratar diversos malestares –entre los que se encuentra el que aqueja a Grace– se están mostrando efectivas y no así perjudiciales. En suma, no hay un soporte fáctico que permita predicar que el consumo de CBD es una cuestión que pone en riesgo el interés público que supuestamente defiende el Ministerio Público al controvertir la decisión judicial que beneficia a la aquejada niña.

Es imprescindible desprenderse, a golpe de ciencia, de los tabúes que rodean al consumo de drogas y a la socavada imagen que la política prohibicionista se ha encargado de generar en la percepción comunitaria, y comenzar a explorar con seriedad sus usos en el campo de la medicina. En el caso particular de la mariguana, la experiencia internacional poco a poco se está encargando de demostrar que su inclusión en la lista de permisiones normativas genera beneficios colectivos, tanto por sus aplicaciones terapéuticas como por la indirecta abolición del mercado clandestino del narcotráfico y todas sus funestas aristas. Dejo para otra ocasión la defensa de sus efectos lúdicos: la apología por la libertad de ser distinto.

El CBD presenta una buena oportunidad para que el fetiche legislativo actúe con prudencia y revalore el papel del Derecho en el caso de personas como Grace: que se distinga con atino el aspecto terapéutico de la mariguana y los beneficios en la salud que repara. Esto no es sólo una invitación a la acción, sino una exigencia desde la misma justificación de la existencia del sistema normativo. Si el Derecho no abona para mejorar la calidad de vida de las personas, es tiempo de repensar su contenido.

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Elba Esther Gordillo debería estar libre

Por: Fernando Elizondo García

Vivimos en el país del “valemadrismo”. Las mexicanas y los mexicanos solemos utilizar el “me vale madre” de manera muy frecuente. Y no solo lo decimos, lo vivimos día con día. Desde cosas pequeñas como pasarnos un semáforo en rojo, hasta cosas más fundamentales como dejar pasar los constantes actos de corrupción de nuestras y nuestros gobernantes e incluso cometer los propios. La ciudadanía mexicana se (des)construye a base de una serie de pasadas por alto. El problema está, en que esta actitud no solo resulta en una muy débil (si no es que inexistente) cultura ciudadana, sino que además, cuando traducimos esa actitud valemadrista a nuestras y nuestros gobernantes, entonces terminamos con un país donde no existe ni una pizca de estado de derecho.

¿Qué pasa cuando nuestra clase gobernante decide que le valen madre las reglas democráticas? Pues entonces tenemos la historia del Partido Verde y sus constantes violaciones a la ley electoral. ¿Qué pasa cuando nuestro presidente decide que le valen madre las reglas anticorrupción? Pues acabamos con casas blancas y funcionarios pagados para inventar cuentos chinos que intentan legitimar esas casas blancas. ¿Qué pasa cuando nuestras autoridades legislativas y judiciales deciden que les valen madre los derechos humanos? Pues Elba Esther Gordillo termina en la cárcel.

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Independientes a los ayuntamientos

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Las fuerzas políticas minoritarias que formarán parte de los ayuntamientos en Nuevo León no solamente serán partidistas, sino también habrá algunas de carácter independiente. El día de ayer, 20 de agosto de 2015, la Sala Regional Monterrey (SRM) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió tres asuntos en los que declaró la inconstitucionalidad de la normativa[1] que excluye a las candidaturas independientes de la asignación de regidurías de representación proporcional (RP) y, en consecuencia, ordenó que se les tomara en cuenta para la conformación de los cabildos de San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago[2]. Continue reading

Participación Ciudadana

La imagen fue tomada de aquí

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Por Julián Lopardo[1]

La participación ciudadana en los procedimientos previos al dictado de normas es un aspecto a fortalecer dentro del andamiaje institucional de cualquier Nación que adopte los principios de un sistema republicano de gobierno, en pos de un consenso que legitime las decisiones estatales, brindándoles la solidez y estabilidad requeridas como pilares de un progresivo y armónico desarrollo social y económico.

Acotando algo más el tema, en lo que hace a la actividad reglamentaria de la Administración Pública – entendida como la emisión de normas de carácter abstracto y general por parte del Poder Ejecutivo o aquellos Organismos y Entes que actúan en su esfera-, podríamos afirmar que los mecanismos participativos ofrecen ventajas de distinta índole.

En primer lugar, incrementan la legitimidad a la decisión administrativa, debido a que resulta indudable la mayor fortaleza de un reglamento cuando se ha seguido, con carácter previo a su dictado, un procedimiento de reflexión colectiva.

En un sistema representativo, la vinculación inmediata que puede verse entre los votantes y los miembros del Poder Legislativo – detentadores naturales de la potestad legislativa –, resulta desdibujada cuando es un funcionario administrativo quien ejerce la actividad materialmente legislativa. Por ello, siendo la falta de consenso democrático de sus decisiones uno de los principales cuestionamientos que suele hacerse a la actividad reglamentaria de los órganos administrativos – principalmente cuando éstas son tomadas por funcionarios que no han sido elegidos por el voto popular, Continue reading

Los bisexuales no existen

O eres straight, o eres gay, no puedes “ser” las dos.

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“Es sólo una fase.”

No es raro escuchar frases como estas cuando hablamos de alguien que se identifica como bisexual (o, para este efecto, cualquiera que no encaje en los polos de hetero/homosexual). Y es que nos cuesta demasiado trabajo entender que en la vida (y en la orientación sexual) no todo es blanco y negro, no todo está definido y no siempre tenemos que encajar.

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Matriz TecVir

Entre la habilidad y la virtud (o de cómo se elige un cuerpo de gobierno).

  1. La incompleta discusión en la conformación del gobierno.

Con grata impresión me quedé al observar mis redes sociales durante la época de campañas electorales. La gran mayoría de mis contactos tuvo a bien participar en la discusión democrática, ya sea a través de la expresión de su postura o de interesantes intercambios con aquellos que se encontraban apoyando a una diversa opción política. Claro, tampoco faltaron los apáticos cuyo único propósito era el de externar su tremenda flojera ante la gente participativa; afortunadamente, esos fueron los menos y casi siempre terminaron recibiendo comentarios que evidenciaban la estupidez de su actitud. El punto es que la dimensión dialógica del proceso electoral tuvo un relativo éxito, gracias al interés de esta parte de la ciudadanía en la elección de las cabezas de los gobiernos entrantes. Ya es un lugar común el considerar a las redes sociales como el ágora de nuestro tiempo.

En cambio, el contraste es evidente si ello se compara con el actual desinterés en el siguiente paso de la construcción de las autoridades representativas: la formación de los equipos de gobierno. Lejos de la discusión generalizada, los únicos que parecieran seguir clavados con el tema son quienes gozan de formación académica en Política o en Derecho. Después de todo, no resulta sorprendente que los principales observadores del engranaje de las políticas públicas son quienes se sienten mejor preparados para embonar en ellas.

Ante este escenario, me gustaría presentar las 2 grandes posturas que generalmente se sustentan a la hora de argumentar cuál es la mejor opción para fincar los rostros de la gubernamental bestia de mil cabezas. No olvidemos que la elección acerca de quién debe ocupar los puestos en el gobierno es sustancialmente discrecional: se presenta un criterio (usualmente cualitativo) para conformar el universo de posibles candidatos, y un metacriterio (usualmente cuantitativo) para elegir quién de esos candidatos resultará ganador. Es entonces necesario discutir acerca de tal criterio, pues ello se transformará, a final de cuentas, en el parámetro de lo políticamente razonable y en el instrumento legitimador de un ideal escenario de gobierno de los mejores.

  1. El gobierno de los técnicos.

Desde esta óptica, el perfil ideal de un servidor público se equipara a su habilidad y entendimiento en la materia que se pone a su cargo. Se privilegia el bagaje intelectual y se celebra la técnica que posea para afrontar los problemas inherentes a su encargo. Ello presupone una filosofía ejecutiva bastante clara: la forma óptima de tomar una decisión es estando completamente preparado para ello, ya sea mediante una excelsa formación académica ad hoc o con la vasta experiencia en esa clase de situaciones; “con sesos”, si se me permite Continue reading

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La siguiente batalla homosexual

Por: Fernando Elizondo García

Le pese a quien le pese las personas homosexuales ya podemos casarnos en todo México. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 12 de junio de 2015:

“Las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio”.

Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, las parejas de personas del mismo sexo que decidan casarse tendrán que obtener primero una negativa del Registro Civil de su estado y después promover un amparo; la discusión jurídica ha sido resuelta mediante jurisprudencia OBLIGATORIA para todas las autoridades judiciales. Claro que en la práctica esto sigue generando una discriminación en la medida en que, a diferencia de una pareja heterosexual, una pareja homosexual deberá buscar el amparo de la justicia federal, lo cual puede tardar meses, y no bastará con solo acudir al Registro Civil. Hasta en tanto no se reformen todos los 29 Códigos Civiles que faltan[1] en México, un matrimonio entre dos personas del mismo sexo será más lento y tardado que uno de una pareja de distinto sexo.

Pero bueno, la victoria se celebra y se aplaude. Muchas personas celebraron este gran paso como una muestra de la igualdad que las parejas del mismo sexo han (por fin) alcanzado en México en pleno siglo XXI. Sin embargo, ¿es ese el final del camino? ¿Llegó el momento en que la comunidad LGBTTTI por fin podrá descansar y ser feliz por siempre?

Justo la semana pasada, dos pequeños niños de nombres Diego y Santiago nos demostraron que la lucha por la igualdad de las parejas del mismo sexo está lejos de terminarse.

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